Un total de 18 estados de Estados Unidos han presentado una querella judicial contra el presidente Donald Trump por sus políticas dirigidas a restringir el acceso de menores transgénero a tratamientos vinculados a su proceso de transición.
La acción legal, impulsada por gobiernos mayoritariamente demócratas, tiene como objetivo anular varios decretos presidenciales que prohíben a los infantes trans acceder a determinadas terapias médicas y tratamientos de apoyo. Según los estados demandantes, las medidas representan un ataque discriminatorio y carecen de base científica.
Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, la administración Trump ha advertido repetidamente a hospitales y centros de salud de todo el país con retirarles fondos públicos si proporcionan asesoría, tratamiento o acompañamiento a menores trans. Críticos de estas políticas las han calificado como motivadas por el odio y excesivas, argumentando que no se sustentan en evidencias científicas ni en consensos médicos establecidos.
Organizaciones médicas de reconocido prestigio internacional, como la American Medical Association (AMA), respaldan los tratamientos apoyados por profesionales de la salud para que menores trans puedan desarrollarse de acuerdo con su identidad de género, subrayando que estos protocolos están basados en evaluaciones clínicas rigurosas.
Los estados que han firmado la demanda colectiva son: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
La presentación de esta querella se produce en un contexto político complejo para el trumpismo, que ha sufrido derrotas electorales significativas en más de 20 grandes ciudades del país —incluyendo Atlanta, Boston, Detroit, Pittsburgh, Seattle, Cambridge y Nueva York— así como en las gubernaturas de Virginia y Nueva Jersey.
De acuerdo con un estudio realizado por Reuters/Ipsos, el presidente Trump se encuentra en uno de sus niveles más bajos de popularidad desde que asumió el cargo, con un 57 % de estadounidenses rechazando su gestión y más de la mitad de la población considerando que no es apto para continuar como presidente.
