La Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida) ha valorado de forma muy positiva el inicio de los trámites para una regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que viven en España, una medida largamente reivindicada por las organizaciones sociales y que permitirá garantizar derechos y seguridad jurídica a más de medio millón de personas.
Desde la entidad subrayan que esta regularización supone un avance decisivo en el acceso efectivo al sistema sanitario, ya que pone fin a una situación de exclusión estructural que afecta directamente a la salud y al bienestar de miles de personas migrantes, muchas de ellas en contextos de alta vulnerabilidad.
En el ámbito de la respuesta al VIH, Cesida destaca la especial relevancia de esta medida, ya que el acceso ordinario a la sanidad no solo permite el diagnóstico y tratamiento del VIH, sino también el acceso a las estrategias de prevención combinada, como las pruebas diagnósticas, la profilaxis preexposición (PrEP) o la profilaxis posexposición (PEP).
“La exclusión administrativa no solo vulnera derechos fundamentales, sino que debilita las estrategias de salud pública y la respuesta colectiva frente a la epidemia del VIH”, recuerdan desde la coordinadora, que insiste en que un sistema sanitario verdaderamente universal debe priorizar la atención a las personas en mayor riesgo.
“Muchas personas migrantes dependen de su medicación para seguir viviendo”
Jesús Cisneros, migrante venezolano con VIH y miembro de la ejecutiva de Cesida, ha puesto el foco en el impacto humano de esta medida. “Beneficia a personas que durante años se han visto obligadas a trabajar en la economía sumergida y a vivir en condiciones muy precarias”, ha señalado, reclamando que se siga avanzando en la agilización de los procesos administrativos.
“Muchas personas migrantes llegan a nuestro país porque su vida depende de ello. En el caso del VIH, dependen directamente de la medicación para seguir viviendo”, ha subrayado Cisneros.
Una cuestión de derechos humanos y dignidad
Cesida remarca que la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno es, ante todo, una cuestión de derechos humanos y de dignidad, ya que reconoce a personas que ya viven, trabajan y forman parte activa de la sociedad. La medida responde además a una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas, cuya toma en consideración contó con un amplio apoyo parlamentario.
La entidad recuerda también que este tipo de procesos no son una excepción en España y que gobiernos de distinto signo político han impulsado regularizaciones extraordinarias en el pasado.
Las organizaciones que integran Cesida y que trabajan con población migrante ya se han movilizado para facilitar la tramitación del proceso, ofreciendo información, acompañamiento social y apoyo jurídico a las personas potencialmente beneficiarias.
No obstante, la coordinadora advierte de que es imprescindible seguir poniendo el foco en los requisitos y plazos administrativos que continúan condicionando el acceso a la sanidad. En especial, señalan los retrasos asociados al empadronamiento, cuyo plazo puede alcanzar hasta tres meses y seguir suponiendo una barrera para el acceso rápido a la atención sanitaria.
Para Cesida, la regularización extraordinaria es un paso clave hacia una sanidad más justa, inclusiva y eficaz, fundamental para la prevención del VIH y para garantizar el derecho a la salud de todas las personas, independientemente de su origen o situación administrativa.
