La alianza de entidades del Pacto contra los Discursos de Odio ha iniciado una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para trasladar propuestas concretas y reclamar un acuerdo de Estado sólido, vinculante y transformador, en un momento clave para la redacción de las conclusiones del proceso iniciado en 2023.
Tras un año y medio de trabajo conjunto, el Pacto de Estado frente a los discursos de odio contra grupos en situación de vulnerabilidad entra en su fase más decisiva: la redacción de las conclusiones. En este contexto, las entidades impulsoras han comenzado una serie de reuniones con los grupos parlamentarios para exigir medidas concretas y efectivas que conviertan el acuerdo en una herramienta política real y de largo recorrido.
La agenda de contactos arrancó esta semana con encuentros con Bildu, Sumar, el Grupo Parlamentario Socialista y ERC, y se ampliará en los próximos días al resto de formaciones. En las reuniones participan representantes de organizaciones sociales de referencia en la defensa de los derechos humanos y contra la discriminación, entre ellas la Federación Estatal LGTBI+, Oxfam Intermón, Fundación Secretariado Gitano, CESIDA, Red Acoge, Chrysallis, CERMI, Fundación ONCE, CCOO y CEAR. Esta amplia pluralidad refleja el carácter transversal del Pacto, que entiende el odio como un fenómeno estructural que impacta en múltiples colectivos y amenaza al conjunto de la sociedad.
El proceso comenzó en 2023 con la firma del Pacto Social contra los Discursos de Odio, impulsado por una amplia alianza de organizaciones y sindicatos. Desde entonces, se han recogido miles de firmas ciudadanas, se ha contado con el compromiso del Ministerio de Igualdad y diversas comparecencias en el Congreso han evidenciado la necesidad de su aprobación.
Las entidades advierten de que los discursos de odio en España son cada vez más visibles, organizados e impunes. “No podemos permitir que se normalicen ni que se utilicen políticamente para dividir y estigmatizar. El Pacto debe ser un acuerdo sólido y transformador, que refuerce la prevención, proteja a las víctimas, sancione las violencias y promueva la sensibilización social”, han señalado en un comunicado conjunto.
La alianza recuerda que el odio amenaza directamente la convivencia democrática y los derechos humanos, por lo que reclaman un Pacto de Estado vinculante que blinde la democracia frente a quienes promueven la exclusión y el enfrentamiento.
