La Federación Estatal LGTBI+, en colaboración con la Universidad de Salamanca, presentó este jueves el informe Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+, un análisis que revela altos niveles de acoso, baja visibilidad y fuertes desigualdades territoriales en la integración de la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar en los centros educativos.
El estudio presentado por la Federación Estatal LGTBI+ y la Universidad de Salamanca ha puesto de relieve una realidad preocupante: más de la mitad del alumnado LGTBI+ ha sufrido algún tipo de acoso, trato vejatorio o ciberacoso durante su etapa en la educación secundaria. Uno de cada cuatro jóvenes de este colectivo asegura haber sido víctima directa de acoso escolar, mientras que un 21,2% de los incidentes de odio y discriminación se registran en centros educativos entre la población de 18 a 24 años.
La presidenta de la Federación, Paula Iglesias, subrayó durante la presentación que “la familia sigue siendo el principal detector de estas situaciones, mientras que las instituciones educativas aún no responden de manera suficiente”. El informe constata además que el 40% de los jóvenes LGTBI+ no pudo mostrarse tal como era en su etapa educativa, lo que demuestra que la visibilidad sigue siendo una asignatura pendiente. Aunque más del 60% afirma sentirse libre con amistades cercanas, apenas un 25% lo logra en el instituto y un 21% en la universidad.
El análisis territorial refleja un panorama desigual. Comunidades como Castilla-La Mancha o Castilla y León han experimentado avances en el reconocimiento de derechos, mientras que regiones como Madrid o Murcia han registrado retrocesos en la aplicación de sus propias leyes. “El progreso no depende solo de los marcos normativos, sino de la voluntad política, los recursos y la capacidad real de aplicarlos”, advirtió Iglesias, insistiendo en que “los protocolos escritos son necesarios, pero insuficientes si no garantizan seguridad y respeto en cada centro educativo”.
El informe también señala la falta de formación sistemática del profesorado, la ausencia de evaluación de resultados y la excesiva dependencia de iniciativas individuales o asociativas. Entre sus recomendaciones, destaca la puesta en marcha de planes integrales de educación inclusiva, protocolos claros contra el acoso escolar y programas de formación continuada para docentes y familias.
“Este informe evidencia la urgencia de pasar de los protocolos a la acción real y evaluable. La igualdad en la educación solo será una realidad cuando la normativa se traduzca en prácticas efectivas en cada aula y campus universitario”, concluyó Iglesias.
