La nueva ofensiva del Kremlin contra la libertad digital convierte en potencial crimen teclear “gay” en un buscador. La medida, enmarcada en un clima de censura absoluta, golpea especialmente a la comunidad LGTBIQ+, ya perseguida sistemáticamente en Rusia.
La represión en Rusia ha dado un nuevo salto con la entrada en vigor de una ley que permite encarcelar a cualquier persona por el simple hecho de buscar en Internet palabras como “oposición”, “censura” o “gay”. A partir de este lunes, las fuerzas de seguridad tienen acceso directo a las búsquedas de la población y a las conversaciones captadas por altavoces inteligentes instalados en los hogares.
El Kremlin justifica la medida bajo un amplio delito-paraguas: “acceder a material extremista”. Un concepto difuso que permite criminalizar a la oposición política y a las minorías sexuales, en un país donde la homofobia de Estado ya había alcanzado niveles alarmantes. Para la comunidad gay rusa, esta nueva herramienta de control supone un paso más hacia la invisibilidad forzada: cualquier intento de informarse, conectarse o simplemente existir en la red puede derivar en multas o prisión.
La ofensiva se extiende incluso al terreno cultural y festivo. En vísperas de Halloween, disfrazarse de demonio podría ser considerado un acto “extremista”. En paralelo, el Kremlin ha creado 11 nuevos centros de detención preventiva sin ningún tipo de supervisión internacional, gestionados en parte por antiguos miembros de la KGB, donde las denuncias de torturas son recurrentes.
Además, desde este lunes todos los dispositivos electrónicos deben instalar “Max”, el servicio de mensajería controlado por el Estado. Aplicaciones como WhatsApp ya sufren bloqueos para obligar a la población a usar la plataforma oficial, otro canal para vigilar y controlar a la ciudadanía.
Con esta nueva ola de censura, Vladimir Putin consolida su deriva dictatorial, mientras la comunidad LGTBIQ+ rusa se enfrenta a un escenario aún más hostil, donde la mera palabra “gay” se convierte en delito.
