Burkina Faso registró un hecho sin precedentes en su historia reciente al encarcelar por primera vez a una persona por su orientación sexual. Se trata de un hombre de origen extranjero, identificado como K.M., quien fue condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 3,580 dólares, tras ser acusado de mantener una relación con otra persona del mismo sexo.
La sentencia fue dictada de manera rápida y sin posibilidad de una defensa efectiva, de acuerdo con reportes locales y organizaciones de derechos humanos. Una vez cumplida la condena, las autoridades confirmaron que K.M. será expulsado del país.
Este caso ocurre apenas meses después de que la dictadura militar que gobierna Burkina Faso, tras el golpe de Estado, aprobara en septiembre una ley que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, imponiendo penas de prisión y sanciones económicas. La normativa marcó un giro drástico en la legislación del país, que hasta ahora no contemplaba castigos penales explícitos por la homosexualidad.
Escalada de persecución contra la comunidad LGBT
La condena contra K.M. se inscribe en un contexto de creciente persecución contra la comunidad LGBT, en medio de un clima de inestabilidad política, violencia armada y represión desde el sangriento golpe militar. Activistas denuncian que la nueva legislación ha legitimado abusos, detenciones arbitrarias y un aumento del discurso de odio, empujando a las personas diversas a la clandestinidad.
Condena internacional
Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional expresaron su preocupación y rechazo ante lo que consideran un grave retroceso en materia de derechos humanos. Ambas instituciones advirtieron que criminalizar la orientación sexual vulnera tratados internacionales firmados por el propio Estado burkinés.
Con esta medida, Burkina Faso se suma a una lista cada vez más amplia de países africanos que han endurecido su legislación contra la diversidad sexual, entre ellos Ghana, Uganda y Mali, donde en los últimos años se han aprobado leyes o políticas que profundizan la represión contra la población LGBT.
Organizaciones defensoras de derechos humanos alertan que este tipo de sentencias no solo criminalizan el amor, sino que también ponen en riesgo la vida y la integridad de miles de personas en la región, reforzando un clima de miedo y exclusión que contradice los principios universales de igualdad y dignidad humana.
