Una de cada tres personas LGTBI+ en España ha tenido que abandonar su hogar o se lo ha planteado a lo largo de su vida por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. Así lo revela el informe “Estado del Odio LGTBI+: Sexilio”, presentado por la Federación Estatal LGTBI+ en colaboración con la Universidad de Salamanca, que ofrece la primera radiografía sistemática de este fenómeno en el país
El informe “Estado del Odio LGTBI+: Sexilio”, elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ junto con la Universidad de Salamanca, revela que el 13 % de las personas LGTBI+ en España ha cambiado de residencia por discriminación, violencia o falta de entornos seguros, mientras que un 21,5 % lo ha considerado seriamente. En conjunto, más de un tercio del colectivo ha vivido el sexilio como una expulsión forzada y no como una decisión libre.
La investigación, basada en la encuesta nacional “Estado LGTBI+ 2025” con 800 entrevistas, señala que este fenómeno afecta con mayor dureza a personas trans y racializadas, y que no responde únicamente al éxodo rural. De hecho, el 43,4 % de quienes se sexiliaron procedía de grandes ciudades y un 26,9 % del extranjero, lo que demuestra su carácter urbano y transnacional.
El estudio también alerta sobre las consecuencias sociales y psicológicas del desplazamiento: el 17,3 % de las personas sexiliadas ha vivido en la calle, el 22,1 % en viviendas no adecuadas y un porcentaje significativo sufre depresión o miedo constante. Entre la juventud, el impacto es aún mayor: el 40 % de menores de 30 años ha sufrido o contemplado esta forma de expulsión silenciosa.
Jesús A. Muñoz, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+, advierte: “El sexilio no es una elección, es una expulsión que sigue operando en nuestro país. Miles de personas han tenido que dejar atrás su hogar para poder vivir sin esconderse. Hablamos de derechos humanos que deberían estar garantizados en cualquier rincón de España”.
Por ello, la Federación ha anunciado un trabajo conjunto con la Dirección General de Políticas contra la Despoblación para diseñar medidas específicas que atiendan las desigualdades territoriales y reduzcan la vulnerabilidad en pueblos y ciudades pequeñas. “Migrar debe ser una decisión libre, nunca una obligación impuesta por el odio, la violencia o la falta de oportunidades”, concluye Muñoz.
