Este 26 de diciembre se cumplen 47 años desde que dejó de ser ilegal ser una persona LGBTI en España, una fecha clave en la historia de los derechos y las libertades que hoy seguimos defendiendo.
El 26 de diciembre de 1978, el Congreso de los Diputados aprobó la derogación de varios artículos de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que criminalizaban la homosexualidad. Con esta decisión, se puso fin —al menos en el plano legal— a la persecución sistemática de las personas homosexuales, que hasta entonces vivían sin representación, visibilidad ni protección.
De la criminalización a la resistencia
La represión legal contra las personas LGBTI tiene raíces anteriores. Su origen se remonta a la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, una norma que inicialmente no contemplaba la homosexualidad, pero que fue modificada en 1954, durante la dictadura franquista, para incluirla como delito.
En 1970, esta ley fue sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que calificaba a las personas homosexuales como “peligrosas”, permitiendo detenciones, internamientos en cárceles o centros psiquiátricos y otros castigos administrativos y penales. Una legislación que marcó profundamente a varias generaciones y dejó una huella de miedo, silencio y exclusión.
Aunque la ley fue reformada en 1978, no fue derogada completamente hasta 1995, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Es decir, el camino hacia la igualdad legal fue largo y desigual.
Los derechos no llegaron de golpe
Que la homosexualidad dejara de ser delito en 1979 no significó igualdad inmediata. El reconocimiento pleno de derechos y la protección frente a la discriminación llegaron décadas después: el matrimonio igualitario en 2005 y, posteriormente, leyes autonómicas y estatales LGTBI que empezaron a abordar la diversidad sexual y de género desde una perspectiva de derechos humanos.
Estos avances han sido fruto del activismo, de la memoria y de la valentía de quienes se negaron a vivir en la clandestinidad.
Un día para celebrar… y para no olvidar
El 26 de diciembre es un día para celebrar lo conseguido, pero también para recordar que los derechos pueden retroceder si no se defienden. Es una fecha para reivindicar la inclusión real, dentro y fuera del trabajo, en las instituciones, en los medios y en la vida cotidiana.
