La Federación Estatal LGTBI+ ha solicitado a la Comisión Europea que responda a la Iniciativa Ciudadana Europea presentada en diciembre en Bruselas para prohibir las llamadas pseudoterapias de conversión en toda la Unión Europea.
Estas prácticas, destinadas a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de las personas LGTBI+, han sido calificadas como tortura por Naciones Unidas, según recordó la organización.
Más de un millón de firmas para impulsar la prohibición
El vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, Óscar Rodríguez, calificó la presentación de la iniciativa como un “éxito histórico”.
Según explicó, se ha superado ampliamente el millón de firmas necesarias para exigir a las instituciones europeas que impulsen su prohibición en toda la Unión Europea. “Este logro interpela directamente a la Comisión Europea, que debe responder con una propuesta legislativa coherente con la II Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ+ 2026–2030”, señaló.
Rodríguez realizó estas declaraciones durante su intervención en el V Congreso de Empresa y Derechos Humanos organizado por la Federación Estatal LGTBI+.
Avances judiciales en el reconocimiento de las personas trans
Durante el encuentro también se celebró la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala el derecho de las personas trans a ver reconocida su identidad en sus documentos oficiales en los Estados miembros.
“Una vez más se demuestra que las herramientas democráticas son firmes en la protección de los derechos humanos”, afirmó Rodríguez.
Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, recordó que en España las personas trans migrantes siguen encontrando dificultades para ver reflejada su identidad en documentos como el NIE, la TIE o la documentación de extranjería.
Según explicó, la sentencia del tribunal europeo evidencia que los Estados que no adecuen estos documentos podrían estar vulnerando el derecho comunitario y, en el caso español, también lo recogido en la legislación LGTBI+.
Un contexto internacional de reacción
Iglesias señaló que, pese a la existencia de una tendencia internacional marcada por discursos reaccionarios, es posible revertirla mediante compromiso político, institucional y la movilización de la sociedad civil.
En este sentido, defendió la importancia de iniciativas como el Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, una alianza entre organizaciones sociales y sindicatos que busca articular una respuesta estructural frente al odio.
Desinformación y retos del entorno digital
El congreso también abordó el impacto de los discursos de odio y la desinformación en internet, especialmente en relación con la aplicación de la Digital Services Act, normativa que busca crear un entorno digital más seguro y transparente en la Unión Europea.
La investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, Elisa García, explicó que la hostilidad digital se alimenta de tres factores principales: la construcción identitaria basada en discursos antifeministas, la búsqueda de reconocimiento social mediante mensajes agresivos y una arquitectura digital que favorece contenidos polarizantes.
Por su parte, la responsable de Políticas Públicas de Maldita, Marina Sacristán, alertó de la existencia de narrativas desinformadoras que afectan o instrumentalizan al colectivo LGTBI+, especialmente en relación con el uso de recursos públicos.
La representante de la Comisión Europea en España, Eugenia de la Rosa, recordó que la DSA considera la desinformación un riesgo sistémico, lo que obliga a las plataformas digitales a asumir responsabilidades en su control.
La jornada también contó con la participación de expertos y representantes institucionales como Julia Borque, Eduardo Merino de Mena, Laura Morales y Rú Ávila.
