La Fundación Pedro Zerolo ha advertido a la misión de la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo, que examina el Estado de derecho en España, de la existencia de una “regresión selectiva y políticamente impulsada” en materia de derechos LGTBI+ en varias comunidades autónomas.
Durante la comparecencia de su director ejecutivo, Miquel A. Fernández, ante la delegación encargada de evaluar la situación democrática en el país, la entidad reclamó a las instituciones europeas que refuercen el principio de no regresión en derechos fundamentales como garantía estructural del Estado de derecho.
Fernández recordó que España continúa situándose entre los países europeos con mayor protección legal del colectivo LGTBI+, ocupando posiciones destacadas en los principales rankings continentales. No obstante, advirtió de que “el liderazgo formal no puede ocultar intentos de revertir avances ya consolidados” por parte de gobiernos autonómicos del Partido Popular con apoyo o influencia de Vox.
Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, en el centro de la regresión
La Fundación señaló especialmente a la Comunidad de Madrid y a la Comunidad Valenciana, donde —según denunció— se han impulsado reformas orientadas a:
- Reintroducir informes médicos obligatorios que vuelven a patologizar a las infancias trans.
- Debilitar los regímenes sancionadores frente a conductas discriminatorias.
- Eliminar o diluir órganos institucionales específicos en materia LGTBI+.
- Impedir el acceso a los centros escolares de programas educativos sobre diversidad y derechos sexuales, así como de iniciativas contra el acoso escolar.
- Desmantelar proyectos públicos consolidados de atención, asesoramiento y memoria histórica, como el Armari de la Memòria en Valencia, pese a tratarse de un mandato recogido en una ley vigente de Les Corts Valencianes.
Varios de estos preceptos han sido suspendidos o anulados por el Tribunal Constitucional tras recursos interpuestos por el Defensor del Pueblo y el Gobierno central.
“Estamos ante un patrón de desinstitucionalización progresiva: primero se cuestiona el lenguaje, luego las estructuras y finalmente las garantías”, señalaron desde la Fundación.
El principio de no regresión, línea roja democrática
En su intervención ante la Comisión LIBE, Fernández reclamó que el principio de no regresión —según el cual los derechos fundamentales no pueden reducirse una vez alcanzado un determinado nivel de protección sin una justificación constitucional reforzada— se incorpore como criterio explícito en el Rule of Law Report de la Comisión Europea.
“Los derechos fundamentales no pueden depender del color político de cada gobierno. Si se normaliza su reversibilidad, se debilita el Estado de derecho”, afirmó ante los eurodiputados.
La entidad subrayó que no se trata únicamente de un debate sectorial sobre políticas LGTBI+, sino de un indicador estructural de calidad democrática.
Advertencia a Europa
Aunque la Fundación descartó que España atraviese una crisis sistémica del Estado de derecho como ocurre en otros Estados miembros, sí alertó de una “regresión selectiva y políticamente impulsada que requiere vigilancia europea temprana”.
“La Unión Europea no debe esperar a que el deterioro sea estructural. Defender la igualdad es defender la democracia”, concluyó Fernández.
Ausencia de Jorge Buxadé durante la intervención de la sociedad civil
El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, integrante del grupo Patriotas por Europa, se ausentó de la comisión cuando intervenían representantes de la sociedad civil española para analizar la situación del Estado de derecho en relación con los derechos LGTBI+ y los derechos de las mujeres.
La Fundación afeó esta ausencia por tratarse de un representante público con responsabilidades institucionales en el Parlamento Europeo, si bien señaló que dicha circunstancia permitió mantener un debate más centrado y constructivo con el resto de integrantes de la Comisión LIBE.
