Texas vuelve a situarse en el centro del debate sobre los derechos LGTBIQ+. La jueza de paz Dianne Hensley ha presentado una demanda ante un tribunal federal con un objetivo claro: que se declare inconstitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo reconocido en Estados Unidos desde 2015 gracias al histórico fallo Obergefell v. Hodges.
Desde el activismo y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, la iniciativa se interpreta como un ataque directo a uno de los mayores logros del movimiento LGTBIQ+ en las últimas décadas y una señal de alerta sobre el retroceso de derechos en varios estados del país.
Una ofensiva legal con trasfondo ideológico
Hensley, que ya había sido sancionada en el pasado por negarse a casar a parejas del mismo sexo mientras sí oficiaba matrimonios heterosexuales, sostiene que obligarla a celebrar bodas igualitarias vulnera su libertad religiosa. Sin embargo, colectivos LGTBIQ+ recuerdan que la función pública no puede usarse para discriminar, y que la libertad de creencias no debe prevalecer sobre el derecho a la igualdad ante la ley.
La demanda va más allá del caso personal de la jueza: busca cuestionar directamente la validez constitucional del matrimonio igualitario. De prosperar, podría abrir la puerta a que numerosos estados reimplanten prohibiciones hoy en suspenso, afectando a millones de parejas y familias diversas.
Texas y el riesgo de normalizar la discriminación
El contexto no es casual. En los últimos meses, Texas ha aprobado cambios normativos que permiten a jueces y juezas negarse a casar a parejas del mismo sexo por “motivos religiosos”, sin consecuencias disciplinarias. Para el activismo LGTBIQ+, este tipo de medidas normaliza la discriminación institucional y envía un mensaje peligroso: que los derechos pueden depender de las creencias personales de quien ocupa un cargo público.
“Hoy son las bodas, mañana puede ser el acceso a otros servicios básicos”, alertan desde organizaciones de derechos civiles, que insisten en que los derechos conquistados no son irreversibles.
El movimiento responde: derechos que no se negocian
La demanda de Hensley se suma a una estrategia más amplia de sectores ultraconservadores para debilitar precedentes clave en materia de derechos civiles. Frente a ello, activistas LGTBIQ+ recalcan la importancia de mantener la movilización, la presión social y la vigilancia política, especialmente en un contexto donde otros derechos —como el acceso al aborto o la protección de las personas trans— también están siendo cuestionados.
Para la comunidad LGTBIQ+, el mensaje es claro: el matrimonio igualitario no es solo un contrato legal, sino un símbolo de dignidad, reconocimiento y ciudadanía plena. Permitir que se erosione sería un paso atrás que afectaría no solo a las parejas del mismo sexo, sino al conjunto de la democracia y los derechos humanos.
Desde el activismo se insiste: no se trata de creencias personales, sino de igualdad real ante la ley. Y esa igualdad, recuerdan, se defiende cada día.
