Salir del armario en Perú puede tener consecuencias directas en la vida laboral de las personas LGTBIQ+. Así lo confirma el estudio “Los costes de la discriminación en el proyecto de vida de la población LGBTIQ+ en el Perú”, elaborado por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) junto con la Universidad Científica del Sur.
El informe revela que hasta 8 de cada 10 personas LGTBIQ+ han sufrido agresiones sistemáticas en su entorno laboral. Además, el 24,4% asegura haberse visto obligado a dejar un empleo cuando el trato se volvió insostenible.
El estudio también señala que muchas personas del colectivo encuentran obstáculos para promocionar profesionalmente, son excluidas de puestos de responsabilidad o liderazgo y, en los casos más graves, sufren la no renovación de sus contratos. Este clima de violencia y discriminación ha llevado a que un 30,5% decida ocultar con frecuencia su identidad en el trabajo, una de las tasas de autocensura más altas de América Latina.
La situación es especialmente grave para las personas trans, intersexuales y no binarias, que reportan los niveles más altos de discriminación, con cifras que alcanzan hasta el 96%. Las agresiones, según el informe, son más frecuentes en la Amazonía y en las zonas andinas del país.
Perú, un país sacudido por una fuerte inestabilidad política, continúa rezagado en materia de derechos LGTBIQ+ frente a otros países de la región como Colombia, Ecuador, Brasil o Chile. El país aún no ha aprobado el matrimonio igualitario ni ha consolidado leyes, reglamentos o protocolos eficaces para prohibir y prevenir la discriminación contra el colectivo.
A ello se suma que, en marzo de 2026, la Corte Suprema de Perú declaró inconstitucional el Decreto Supremo N.º 009-2024-SA, que clasificaba las identidades trans como “enfermedades mentales”.
Para las organizaciones de derechos humanos, los datos del estudio evidencian que la discriminación contra las personas LGTBIQ+ no se limita a agresiones explícitas. También opera de forma estructural: limita carreras profesionales, bloquea ascensos, fuerza la ocultación de la identidad y condiciona el proyecto de vida de miles de personas en Perú.
