La Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera denuncia que la condición registral de la víctima, una mujer trans migrante de 35 años, no puede utilizarse para excluirla de la protección frente a la violencia de género
La Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) ha exigido que el asesinato de Franyel, una mujer trans venezolana de 35 años, presuntamente a manos de su pareja en San Pedro Alcántara, Marbella, sea reconocido institucionalmente como un caso de violencia machista.
La entidad considera que el hecho de que Franyel no hubiera podido adecuar todavía la mención de sexo de su documentación española a su identidad no puede servir para negar que era una mujer ni para dejar su muerte fuera del tratamiento reservado a la violencia ejercida contra las mujeres por sus parejas o exparejas.
El caso está siendo investigado en el ámbito de la violencia doméstica y no por un órgano especializado en violencia sobre la mujer, debido a que Franyel no figuraba registralmente como mujer. Una circunstancia que ha provocado la reacción de ATA y ha vuelto a poner sobre la mesa las dificultades específicas a las que se enfrentan las mujeres trans, y particularmente las mujeres trans migrantes, cuando su identidad administrativa no coincide con su identidad de género.
“Era una mujer, vivía como una mujer”
Desde ATA rechazan que una cuestión administrativa termine determinando el reconocimiento institucional que recibe Franyel después de su muerte. Su presidenta, Mar Cambrollé, ha sido contundente: “Era una mujer, vivía como una mujer y ha sido asesinada como una mujer”.
Para la asociación, Franyel ha sufrido una “cadena de violencias” que no debería prolongarse tras su asesinato. ATA señala, en primer lugar, la violencia presuntamente ejercida por su pareja; en segundo lugar, la tardanza de las instituciones en habilitar un procedimiento efectivo para que las personas trans extranjeras pudieran adecuar determinada documentación a su identidad; y, finalmente, la negativa a abordar el crimen como violencia machista debido precisamente a esa discordancia documental.
La organización habla directamente de violencia institucional. “Una igualdad real jamás se construirá sobre la exclusión o el olvido de ninguna mujer”, ha defendido Cambrollé.
Ser mujer no puede depender de un documento
El caso de Franyel plantea una cuestión especialmente relevante para las mujeres trans migrantes: qué sucede cuando el reconocimiento administrativo de su identidad no avanza al mismo ritmo que su vida cotidiana.
La Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI establece en su artículo 50 mecanismos para que determinadas personas extranjeras puedan adecuar el sexo y, en su caso, el nombre en documentos expedidos en España cuando no puedan efectuar esa rectificación en su país de origen.
Sin embargo, ATA recuerda que el protocolo policial destinado a hacer efectivo este procedimiento no fue publicado hasta el 13 de julio de 2026, más de tres años después de la aprobación de la Ley Trans.
Para el colectivo, resulta especialmente grave que una demora administrativa pueda acabar convirtiéndose en un elemento que limite posteriormente el reconocimiento y la protección de una mujer trans.
La asociación sostiene que una persona no debería encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la violencia machista simplemente porque sus documentos todavía no reflejen quién es.
Mujeres trans y violencia machista
La reivindicación de ATA trasciende el caso concreto de Marbella. La organización reclama que las instituciones establezcan criterios capaces de garantizar que ninguna mujer trans migrante quede fuera de la protección frente a la violencia de género por una cuestión meramente registral.
ATA se ha dirigido al Ministerio de Igualdad, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, al Ministerio de Justicia y a las autoridades judiciales competentes para pedir que Franyel sea reconocida como la mujer que era y que su asesinato sea abordado desde la perspectiva de la violencia machista.
El caso vuelve a evidenciar una realidad sobre la que las organizaciones trans llevan años alertando: las discriminaciones no actúan de forma aislada. Ser mujer, ser trans y ser migrante puede generar barreras específicas que se acumulan y condicionan el acceso efectivo a derechos y mecanismos de protección.
En el caso de Franyel, ATA reclama que esa intersección de vulnerabilidades no se transforme, después de su muerte, en una nueva forma de exclusión.
Porque el debate no es únicamente cómo aparecía Franyel en un documento administrativo. La cuestión que plantea el movimiento trans es mucho más profunda: si una mujer trans vive socialmente como mujer y sufre violencia dentro de una relación de pareja, su falta de reconocimiento registral no debería borrar su identidad cuando las instituciones tienen que nombrar la violencia que ha sufrido.
