La Federación Estatal LGTBI+ y su entidad federada ALAS A Coruña han valorado de forma muy positiva la sentencia del Tribunal Supremo sobre el asesinato de Samuel Luiz, calificándola como un hito social y jurídico en el reconocimiento de los delitos de odio en España.
El alto tribunal confirma la extrema gravedad de los hechos, la alevosía del ataque y, de manera especialmente relevante, la concurrencia de la agravante de discriminación por orientación sexual, consolidando así el reconocimiento del crimen como un delito de odio motivado por la LGTBIfobia.
“Nombrar el odio es imprescindible para combatirlo”
Para Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, que el Supremo reconozca de forma expresa la motivación de odio “es un paso imprescindible”. “Asesinar al grito de ‘maricón’ no es una circunstancia anecdótica ni una forma de hablar, es la verbalización de un odio que mata”, ha señalado, subrayando que la sentencia “envía un mensaje inequívoco: la LGTBIfobia no puede quedar impune”.
Desde ALAS A Coruña, entidad que ejerció la acusación popular durante todo el proceso judicial, destacan que la resolución ratifica lo ya señalado por instancias anteriores y reconoce el carácter estructural de la violencia LGTBIfóbica. Su presidenta, Ana G. Fernández, afirma que “la justicia no puede mirar hacia otro lado cuando la violencia está impulsada por el odio”. En este sentido, recuerda que “nombrar el odio no divide, sino que protege”, al identificarlo y sancionarlo como una forma de defensa de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas LGTBI+.
Reconocimiento al equipo legal
Ambas entidades han querido agradecer expresamente el trabajo del equipo legal de la acusación popular, formado por el abogado Mario Pozzo-Citro y el procurador Luis Painceira, cuya labor altruista durante más de tres años ha sido clave para el desarrollo del proceso judicial y para alcanzar esta sentencia histórica.
Un hito insuficiente sin una respuesta política integral
Pese a valorar la resolución como un avance decisivo, la Federación Estatal LGTBI+ y ALAS A Coruña advierten de que la sentencia no es suficiente por sí sola en un contexto de aumento alarmante de la violencia contra el colectivo. Según los datos del informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025, una de cada cuatro personas LGTBI+ sufre discriminación en España y las agresiones se han duplicado en el último año.
“Más de 800.000 personas LGTBI+ han sufrido agresiones físicas o verbales en el último año. No son hechos aislados, sino una realidad sostenida que exige una respuesta política a la altura”, alerta Iglesias.
En la misma línea, Fernández recuerda que “el proceso judicial es imprescindible, pero no suficiente”. La lucha contra la violencia —añade— debe apoyarse también en la prevención, la educación y un compromiso firme de las instituciones y de la sociedad frente a los discursos que deshumanizan y legitiman la violencia.
Exigen un Pacto de Estado contra los discursos de odio
Por todo ello, ambas entidades reclaman de manera urgente la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. Un acuerdo que articule una respuesta integral basada en la educación en diversidad, la formación, la protección y acompañamiento a las víctimas y la sanción efectiva de la violencia.
“Un Pacto de Estado no es una declaración simbólica, es una herramienta imprescindible para salvar vidas”, concluye Iglesias. Avanzar en esta estrategia —insisten— es el único camino para honrar la memoria de Samuel Luiz y garantizar que crímenes motivados por el odio no se repitan jamás.
