La Comisión de VIH y Trabajo reclama la revisión urgente de ordenanzas que todavía exigen “no padecer enfermedad infectocontagiosa” para acceder a licencias municipales
Al menos medio centenar de municipios de siete comunidades autónomas mantienen disposiciones normativas que pueden impedir o dificultar que las personas con VIH accedan a una licencia de taxi, según la información revisada por la Comisión de VIH y Trabajo.
El órgano, integrado por CESIDA, la Federación Estatal LGTBI+, Trabajando en Positivo, CCOO y UGT, ha reclamado la actualización urgente de aquellas ordenanzas, reglamentos, convocatorias y trámites administrativos que todavía incluyen requisitos genéricos como el de “no padecer enfermedad infectocontagiosa”.
La Comisión considera que estas fórmulas son imprecisas, están desactualizadas y pueden traducirse en exclusión, disuasión o vulneración de derechos para las personas que viven con VIH.
Actuación del Defensor del Pueblo
Las entidades han agradecido la actuación iniciada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, después de una reclamación de UGT Murcia.
La institución ha solicitado información a doce ayuntamientos de la Región de Murcia sobre la presencia de cláusulas que puedan prohibir, de forma expresa o efectiva, el acceso de las personas con VIH a licencias públicas de taxi.
La Comisión de VIH y Trabajo considera que esta intervención supone un avance en la defensa de la igualdad de trato, pero reclama que la revisión se extienda al conjunto del territorio español.
Como alternativa a las formulaciones actuales, propone que los requisitos se centren exclusivamente en la capacidad real de la persona para desempeñar la profesión. La redacción planteada exigiría un certificado médico que acredite que el solicitante no presenta ningún impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el ejercicio normal del trabajo de taxista.
Siete comunidades autónomas afectadas
La organización ha identificado disposiciones de este tipo en municipios de la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias.
Entre las localidades señaladas figuran varias capitales de provincia, como Madrid, Sevilla, Málaga, Murcia, Almería, Cádiz, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Badajoz, Cáceres, Albacete, Ciudad Real y León.
En Andalucía, la relación incluye a Alcalá de Guadaíra, Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Motril y Sevilla. En Canarias se han detectado referencias en una veintena de municipios, mientras que en la Región de Murcia aparecen catorce localidades.
“No existe justificación científica ni legal”
La Comisión sostiene que el VIH no se transmite al compartir un espacio laboral, atender al público o prestar un servicio de transporte. Por este motivo, afirma que no existe una justificación científica ni legal para excluir de manera general a una persona con VIH del trabajo como taxista.
A su juicio, mantener estas exigencias contribuye a perpetuar el estigma, reforzar prejuicios y difundir una percepción equivocada sobre las vías de transmisión del virus.
Las entidades reclaman a las administraciones locales, autonómicas y estatales que revisen cualquier disposición que pueda vulnerar los derechos laborales y la igualdad de oportunidades de las personas con VIH.
También piden que el análisis normativo no se limite al sector del taxi y que se extienda a otros ámbitos profesionales donde puedan persistir barreras legales o administrativas con efectos discriminatorios.
La Comisión de VIH y Trabajo ha mostrado su disposición a colaborar con las administraciones para localizar, revisar y modificar estas normas y avanzar hacia entornos laborales inclusivos y respetuosos con los derechos humanos.
