Autoridades locales de la Delegación de Baney (Guinea Ecuatorial) están siendo señaladas por una escalada de represión contra personas LGTBIQ+, mediante coacción, chantaje y vulneración sistemática de derechos fundamentales.
El pasado 26 de enero de 2026, Claudio Amadi Coka, mujer trans conocida públicamente como Echuaka, y su pareja sentimental fueron citados de manera irregular por el Secretario de la Delegación de Baney, quien actuó supuestamente en nombre del Delegado de Gobierno. La convocatoria se produjo sin base legal ni orden judicial, lo que ya supone una grave irregularidad administrativa.
Durante el encuentro, ambas personas fueron intimidadas y coaccionadas para firmar un documento manuscrito, redactado a mano, en el que se comprometían, “bajo su propio pulso”, a “no volver a cometer la homosexualidad”. Según el testimonio recogido, se les amenazó explícitamente con que, en caso de incumplir ese compromiso, “la ley tomaría justicia” contra ellas.
Una práctica repetida desde las instituciones
Este hecho no es un caso aislado. Apenas una semana antes, otra pareja LGTBIQ+ fue sometida al mismo procedimiento ilegal y vejatorio en la misma Delegación de Baney, lo que apunta a un patrón de actuación reiterado por parte de las autoridades locales.
En declaraciones realizadas a Diversos Magazine, Gonzalo Abaha Nguema Mikue, responsable de la ONG Somos Parte del Mundo —asociación LGBTIQ+ y feminista que lucha por el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial—, explica que esta práctica forma parte de una nueva estrategia de persecución institucional:
“La táctica que tienen ahora las instituciones es convocarte, obligarte a firmar una nota donde supuestamente dejas la homosexualidad, y más tarde llevarte al juzgado. Ese documento que te obligaron a firmar se acepta como prueba, el proceso es rápido y acabas en Black Beach”.
Según Abaha, al menos cuatro personas se encuentran actualmente encarceladas tras haber pasado por este mismo procedimiento:
“Tenemos ahora mismo cuatro casos de personas convocadas por autoridades locales, obligadas a firmar documentos, detenidas posteriormente y sometidas a los juzgados y ahora mismo están en Black Beach”.
Posibles delitos y violaciones de derechos humanos
Según la ONG Somos parte del mundo los hechos denunciados podrían constituir múltiples violaciones graves de derechos humanos, entre ellas:
- Coacción y chantaje institucional (Art. 495.2): utilización de la posición de autoridad para forzar la firma de documentos bajo amenaza.
- Abuso de autoridad y prevaricación: actuación arbitraria de funcionarios públicos, sin competencia legal.
- Violación del derecho a la intimidad y a la vida privada, protegido por el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Discriminación por orientación sexual e identidad de género, prohibida por tratados internacionales.
- Persecución institucional sistemática, evidenciada por la repetición de los casos y la intencionalidad represiva.
Abaha denuncia además que delegados de gobierno y gobernadores están actuando como principales ejecutores visibles de esta violencia institucional:
“Las autoridades están abusando de su poder para realizar acciones que no les corresponden. No son de su competencia”.
Black Beach: el destino final de la represión
Las personas detenidas en estos procesos están siendo trasladadas a Playa Negra (Black Beach), una prisión situada en la isla de Bioko, en la capital Malabo. Este centro penitenciario es conocido internacionalmente por numerosas denuncias de torturas, malos tratos y condiciones inhumanas.
