El Pacto Social contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad considera imprescindible que la protección frente a estas violencias se blinde con un Pacto de Estado. La alianza, que lleva más de dos años impulsando esta medida, ha trasladado este mensaje ante el arranque del proceso de negociación parlamentaria que arranca hoy lunes, 13 de abril.
«Solo a través de esta herramienta se garantizará una salvaguarda estable y duradera en el tiempo más allá de posibles cambios de gobierno», han señalado las organizaciones que componen el Pacto, advirtiendo que un marco normativo que no trascienda los ciclos electorales dejará, tarde o temprano, a millones de personas en situación de vulnerabilidad nuevamente expuestas al odio y a sus consecuencias.
Una alianza amplia con un objetivo claro
El Pacto Social contra los discursos de odio es una alianza suscrita en 2023, liderada por la Federación Estatal LGTBI+ y formada por más de una decena de entidades que trabajan por los derechos humanos, junto a los principales sindicatos del país, CCOO y UGT. Desde su inicio, ha reunido a organizaciones que representan a colectivos muy diversos en torno a un objetivo compartido.
Desde su constitución, la alianza ha trabajado para que la lucha contra los discursos de odio pase a convertirse en una obligación estructural del Estado. Por eso, sus integrantes insisten en que hablar de Pacto de Estado «no es una mera cuestión terminológica», sino que es la única figura que permite establecer protocolos específicos, protección efectiva a las víctimas, tipos penales bien definidos, organismos competentes con mandato claro y recursos suficientes para actuar. Además, constituye la base jurídica necesaria para tipificar mejor el odio y sus penas a través del Código Penal.
«Es la única figura que posibilitará reformas estructurales y medidas de protección que trasciendan a los ciclos electorales y a los intereses individuales del momento», han subrayado las entidades, que advierten de que cualquier alternativa más débil sería «una oportunidad perdida».
Carencias del texto preliminar
Tras analizar el informe de conclusiones sobre el que arranca la tramitación parlamentaria, las entidades del Pacto Social han realizado una valoración crítica del documento. La alianza ha reafirmado que no aceptará un texto “descafeinado” ni una propuesta frágil que el próximo ciclo electoral pueda derogar, señalando carencias que, a su juicio, debilitan gravemente la medida como la falta de presupuesto asignado, sin el cual no podrían desarrollarse las medidas, o la ausencia de mecanismos para seguir y evaluar su cumplimiento.
Asimismo, las organizaciones denuncian que el borrador no contempla la inclusión de las personas con discapacidad, la accesibilidad de las medidas, ni acciones orientadas a la inclusión social de colectivos como las personas migrantes. Ante este escenario, la alianza afirma que no realizará sus aportaciones a un texto que no persiga la aprobación de un Pacto de Estado, ya que cualquier otra alternativa sería insuficiente para garantizar la seguridad de millones de personas
Entidades impulsoras: El Pacto de Estado frente a los discursos de odio está impulsado por la Federación Estatal LGTBI+, Fundación Triángulo, Asociación Chrysallis, CERMI, Fundación ONCE, CESIDA, Consejo de la Juventud de España, Red Acoge, CEAR, HOGAR SÍ, Fundación Secretariado Gitano, Oxfam Intermón, CCOO y UGT.
