La Federación Estatal LGTBI+ ha celebrado la decisión del Gobierno de España de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley Trans valenciana (Ley 8/2017), aprobada en mayo de 2025 por el PP y Vox, al considerar que supone un grave recorte de derechos para las personas LGTBI+.
Así lo ha trasladado la presidenta de la Federación, Paula Iglesias, durante un acto celebrado este jueves en Gandía, en el que participaron la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quienes anunciaron el compromiso del Ejecutivo con la defensa de los derechos fundamentales del colectivo.
Paula Iglesias ha recordado que “España es un país que defiende y valora los derechos humanos”, señalando que el Tribunal Constitucional ya actuó en el pasado ante intentos similares de recorte de libertades. “Confiamos de nuevo en la intervención de la justicia porque somos más quienes queremos una sociedad democrática e igualitaria que no dé pasos atrás ni deje a las personas más vulnerables en los márgenes”, ha afirmado.
Recortes en la Ley Trans valenciana
La Federación ha denunciado que las modificaciones introducidas en la normativa valenciana han supuesto un vaciamiento de derechos ya consolidados, debilitando el derecho a la autodeterminación de género, rebajando los compromisos en educación en diversidad y abriendo la puerta a las denominadas terapias de conversión.
En este sentido, Iglesias ha advertido de que “el PP está impulsando las primeras leyes anti derechos LGTBI+ de la historia de nuestra democracia”, alertando especialmente del impacto que estas medidas tienen sobre infancias y adolescencias trans, al aumentar su exposición a la violencia y al señalamiento social. Asimismo, ha rechazado cualquier tolerancia hacia prácticas que la ONU ha calificado como tortura, como las mal llamadas terapias de conversión.
Una tendencia reaccionaria a nivel estatal
Desde la Federación Estatal LGTBI+ se ha alertado de que los recortes en la Comunitat Valenciana forman parte de una tendencia reaccionaria más amplia, detectada también en comunidades como Extremadura, La Rioja o la Comunidad de Madrid, donde fuerzas ultraconservadoras han promovido iniciativas para retroceder en el reconocimiento legal de los derechos LGTBI+, especialmente en materia de autodeterminación de género, sanidad y educación.
No obstante, la Federación subraya que en ningún otro territorio se ha llegado tan lejos en el retroceso normativo. Por ello, confía en que el Tribunal Constitucional frene estas medidas y garantice la protección efectiva de los derechos del colectivo en la Comunitat Valenciana.
“La igualdad y la dignidad no se negocian. Frente a los intentos de retroceso, nos encontrarán organizadas, vigilantes y defendiendo los derechos conquistados”, ha concluido Paula Iglesias.
