La Alianza de entidades por un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio ha manifestado su pesar porque esta herramienta de protección no se haya gestionado antes del 2025, en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre). Las organizaciones creen que, a causa del incremento actual del odio, es urgente ratificar este pacto.
La Alianza, que incluye entidades como la Federación Estatal LGTBI+, Fundación Triángulo, CERMI, Fundación ONCE, CCOO y UGT, entre otras, comunica que el informe de conclusiones, elaborado tras casi dos años de trabajo conjunto con las administraciones, todavía no ha sido presentado a la subcomisión encargada de combatir los discursos de odio. Subrayan la urgencia de que se envíe formalmente para poder comenzar las negociaciones parlamentarias, de las cuales debe surgir el pacto.
Inquietud ante la extensión de la subcomisión
Las organizaciones han advertido acerca de la última decisión del Pleno del Congreso de extender por seis meses el trabajo de la subcomisión responsable de procesar el Pacto. De acuerdo con las entidades, esta extensión puede demorar aún más su aprobación.
Teniendo en cuenta que esta medida es muy necesaria en un contexto en el que los discursos de odio y sus efectos van en aumento, lo cual afecta la democracia y la unidad social, consideran inaceptable que se retrase. Asimismo, la falta de esta herramienta de protección «deja a personas que ya sufren discriminación y desigualdad expuestas a la violencia«.
Compromisos irrenunciables para el pacto
Las entidades requieren que los procedimientos se aceleren y que no haya más retrasos. Tienen presente que únicamente apoyarán un Pacto de Estado que contenga compromisos políticos sólidos, los cuales deberán seguir las directrices esenciales que comunicaron a los grupos parlamentarios.
El Pacto debe incluir:
- Acciones que aseguren la participación de todos los actores principales en la oposición a los discursos de odio.
- La protección de los derechos humanos ante cualquier táctica que los ponga en duda.
- Un presupuesto concreto y acciones específicas para evitar, castigar y remediar las consecuencias de los discursos de odio.
- Instrumentos que posibiliten examinar su eficacia y hacer un seguimiento de su cumplimiento.
Por último, las entidades han notificado que continuarán observando y presionando a los grupos parlamentarios para que esta iniciativa, que tiene un gran apoyo político y social, se transforme lo más pronto posible en una herramienta vinculante y eficaz.
