De las reuniones clandestinas durante el franquismo al matrimonio igualitario y las leyes contra la discriminación. Repasamos diez momentos que ayudan a entender cómo la movilización LGTBIQ+ transformó las calles, las instituciones y la legislación española.
Los derechos de las personas LGTBIQ+ no aparecieron de un día para otro ni fueron una concesión espontánea de las instituciones. Detrás de cada avance hubo personas que se reunieron en secreto, publicaron boletines, organizaron manifestaciones, llevaron sus demandas a los tribunales y presionaron para que las leyes dejaran de perseguirlas.
La historia es más amplia que cualquier lista. No todas las identidades tuvieron la misma visibilidad ni participaron en igualdad de condiciones, y buena parte del activismo se desarrolló en asociaciones locales, colectivos vecinales y redes de apoyo que no siempre dejaron archivos fáciles de consultar.
Esta cronología reúne diez momentos especialmente relevantes para comprender el paso de la clandestinidad al reconocimiento de derechos.
1970: el activismo comienza en la clandestinidad
En 1970, todavía bajo la dictadura franquista, nació la Agrupación Homófila para la Igualdad Sexual, conocida como AGHOIS. Fue el embrión del Movimiento Español de Liberación Homosexual, que adoptaría el nombre de MELH al año siguiente.
El Ministerio de Igualdad sitúa en este grupo el comienzo organizado del activismo LGTBIQ+ contemporáneo en el país. Entre sus impulsores se encontraban Armand de Fluvià y Francesc Francino, que trabajaban con seudónimos y se reunían en domicilios privados para evitar la persecución policial.
El contexto era especialmente hostil. La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, aprobada aquel mismo año, calificaba como peligrosas a las personas que realizaban «actos de homosexualidad» y contemplaba su internamiento en establecimientos de “reeducación”.
De hecho, en el BOE todavía se conserva el texto original de una norma que convirtió la orientación sexual en motivo de vigilancia, internamiento y exclusión social.
1977: la primera manifestación sale a las calles de Barcelona
El 26 de junio de 1977, unas semanas después de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura, miles de personas recorrieron La Rambla de Barcelona para exigir la derogación de la Ley de Peligrosidad Social, la amnistía de las personas encarceladas y el reconocimiento de la libertad sexual.
El Archivo Histórico de los Movimientos Sociales del Ministerio de Cultura señala esta marcha como el origen de las celebraciones del Orgullo en España. El Ministerio de Igualdad estima que reunió entre 4.000 y 5.000 asistentes. La convocatoria partió del Front d’Alliberament Gai de Catalunya, aunque también participaron organizaciones feministas, sindicatos y movimientos sociales.
La movilización terminó con cargas policiales. Aun así, consiguió que una realidad obligada hasta entonces a mantenerse en privado ocupara el centro de una de las principales calles de Barcelona.
1978: las protestas se extienden y las lesbianas reclaman su espacio
Un año después, las movilizaciones llegaron a Madrid, Bilbao, Sevilla y otras ciudades. Las reivindicaciones ya no se limitaban a Barcelona y comenzaban a organizarse redes de ámbito estatal.
En 1977 también se había constituido la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español, una estructura que permitió conectar a grupos que trabajaban en distintos territorios. En 1978 nació en Barcelona el Grup de Lluita per l’Alliberament de la Lesbiana, una de las primeras organizaciones dedicadas específicamente a las reivindicaciones de las mujeres lesbianas.
Su aparición puso sobre la mesa una cuestión que seguiría acompañando al movimiento durante décadas: las mujeres lesbianas sufrían discriminación por su orientación sexual, pero también por razón de género. Muchas denunciaban, además, que sus experiencias quedaban relegadas tanto dentro del movimiento feminista como en organizaciones dirigidas principalmente por hombres gais.
La ampliación territorial y la entrada de nuevas voces hicieron que el activismo dejara de hablar de una única experiencia homosexual y comenzara a mostrar una realidad más diversa.
1979: la homosexualidad deja de figurar como causa de peligrosidad
Las manifestaciones, campañas y reclamaciones del movimiento consiguieron uno de sus primeros grandes objetivos legales.
A finales de 1978 se aprobó la modificación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. La reforma eliminó del artículo segundo el apartado que consideraba peligrosas a las personas que realizaban actos homosexuales. La norma se publicó en el BOE el 11 de enero de 1979 y entró en vigor ese mismo mes.
La reforma ordenó también cancelar los procedimientos que estuvieran abiertos por los supuestos eliminados y poner fin a las medidas de internamiento relacionadas con ellos.
Aunque no desapareció de golpe toda la persecución. Continuaron existiendo figuras como el delito de escándalo público, que podía aplicarse contra las personas LGTBIQ+, y la Ley de Peligrosidad Social no quedó completamente derogada hasta la entrada en vigor del Código Penal de 1995.
Aun con esas limitaciones, enero de 1979 marcó el final de la criminalización expresa de los actos homosexuales en aquella ley.
1980: las asociaciones comienzan a obtener reconocimiento legal
Salir de la clandestinidad no significaba que las organizaciones pudieran registrarse con facilidad. En 1979, el Gobierno rechazó inicialmente la legalización del Front d’Alliberament Gai de Catalunya alegando que sus fines podían entrar en conflicto con el delito de escándalo público.
Tras recursos y meses de gestiones, el proceso de reconocimiento legal avanzó durante 1980. El Archivo Nacional de Cataluña guarda el expediente de legalización del FAGC y lo considera un documento clave para entender la incorporación de las reivindicaciones LGTBIQ+ a la vida política y asociativa.
La legalización permitió trabajar de manera pública, organizar actividades, abrir espacios comunitarios y relacionarse formalmente con administraciones, partidos y sindicatos.
El cambio puede parecer administrativo, pero tenía una carga política considerable: una organización que había nacido para combatir la persecución estatal pasaba a ser reconocida por ese mismo Estado.
1992: nace una federación de ámbito estatal
El 28 de abril de 1992 se constituyó la Federación Estatal de Gais y Lesbianas, conocida entonces como FEGL. La impulsaron asociaciones como COGAM, el Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas, Casal Lambda, la Asociación Nos de Granada y Gais Cristians.
La actual FELGTBI+, federación que agrupa a entidades dedicadas a la defensa de los derechos de lesbianas, gais, personas trans, bisexuales, intersexuales y otras diversidades, sitúa en esa fecha el inicio de su estructura estatal. Con los años fue incorporando asociaciones de distintos territorios y ampliando las identidades representadas en su nombre y en su organización.
La creación de una federación permitió coordinar campañas y trasladar demandas comunes al Congreso, al Gobierno y a los partidos políticos.
Durante aquellos años, una parte importante del trabajo se centró en conseguir una ley estatal de parejas de hecho. Más adelante, el movimiento revisaría esa estrategia y pasaría a reclamar directamente el acceso al matrimonio con los mismos derechos.
1995: la discriminación por orientación sexual entran en el Código Penal
La aprobación del Código Penal de 1995 supuso otro cambio relevante. Por primera vez, la orientación sexual apareció de manera expresa en varios artículos destinados a combatir la discriminación.
El texto original incluyó los motivos relacionados con la orientación sexual entre las circunstancias que podían agravar la responsabilidad penal. También sancionó la discriminación grave en el empleo, la incitación al odio y la denegación de determinados servicios públicos, profesionales o empresariales.
El nuevo Código Penal derogó definitivamente la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, aunque sus disposiciones más directamente dirigidas contra la homosexualidad habían sido retiradas en 1979.
La orientación sexual dejaba así de aparecer en una ley como signo de peligrosidad y pasaba a ser una característica protegida frente a determinadas formas de discriminación y violencia.
La aplicación de estas normas no eliminó las agresiones ni resolvió las dificultades para denunciarlas, pero proporcionó nuevas herramientas jurídicas.
2005: el matrimonio igualitario cambia el Código Civil
El 30 de junio de 2005, el Congreso aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. La ley fue sancionada el 1 de julio y publicada al día siguiente.
La reforma estableció que el matrimonio podía celebrarse entre personas del mismo o de distinto sexo con los mismos derechos y obligaciones. También permitió que las parejas casadas del mismo sexo pudieran participar en procedimientos de adopción en igualdad de condiciones.
La conquista llegó después de años de campañas, concentraciones, solicitudes de matrimonio en registros civiles y presión política. El Ministerio de Igualdad recuerda que la federación estatal decidió a comienzos de los años 2000 abandonar la demanda de una figura separada de pareja de hecho y reclamar el acceso pleno al matrimonio civil.
España se convirtió en el tercer país del mundo, después de Países Bajos y Bélgica, en reconocer este derecho. El cambio tuvo un efecto inmediato sobre miles de parejas, pero también sobre el lenguaje jurídico: las referencias a “marido y mujer” fueron sustituidas en numerosos artículos por términos como “cónyuges”.
2007: una primera ley estatal para cambiar el sexo registral
En marzo de 2007 se aprobó una ley específica para que las personas trans pudieran solicitar la modificación del sexo y del nombre en el Registro Civil sin tener que someterse a una operación quirúrgica.
La Ley 3/2007 representó el primer reconocimiento estatal de esta realidad en el ámbito registral. Sin embargo, exigía un diagnóstico de disforia de género y haber seguido tratamiento médico durante al menos dos años, salvo determinadas excepciones relacionadas con la salud o la edad.
El avance mostró también los límites de una legislación que continuaba tratando la identidad trans desde un enfoque médico. Las asociaciones trans siguieron reclamando durante los años posteriores un procedimiento basado en la voluntad de la persona, sin diagnósticos que acreditaran su identidad.
2022 y 2023: un marco estatal contra la discriminación
En julio de 2022 entró en vigor la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida también como Ley Zerolo. La norma amplió la protección frente a la discriminación por orientación sexual, identidad sexual y expresión de género, entre otras circunstancias, en los sectores público y privado.
En febrero de 2023 se aprobó la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. La norma estableció obligaciones para los poderes públicos en ámbitos como la educación, la sanidad, el empleo, la cultura, el deporte y la protección frente a la violencia. También reguló un nuevo procedimiento para la rectificación registral del sexo que eliminó la obligación general de aportar diagnósticos médicos o acreditar tratamientos.
La ley incluyó, además, medidas relacionadas con las personas intersexuales, la diversidad familiar, la reproducción asistida y la prohibición de las prácticas dirigidas a modificar la orientación o identidad sexual.
Su aprobación cerró una etapa de varios años de debate y movilización, pero no puso fin a las reivindicaciones del movimiento.
Una historia que continúa
En poco más de cinco décadas, el activismo LGTBIQ+ español pasó de reunirse en pisos particulares y enviar boletines desde el extranjero a participar en la elaboración de leyes y políticas públicas.
Ese recorrido no fue uniforme. Las demandas de las lesbianas, las personas bisexuales, trans, intersexuales y no binarias no siempre recibieron la misma atención. Tampoco todos los avances legales se tradujeron inmediatamente en igualdad cotidiana.
Las agresiones, la discriminación laboral, el acoso escolar, los obstáculos sanitarios y el rechazo familiar continúan formando parte de la experiencia de muchas personas. Los derechos conquistados necesitan recursos, aplicación efectiva y una sociedad dispuesta a defenderlos.
Las leyes cuentan una parte de la historia. La otra permanece en los carteles, las pancartas, las reuniones, los archivos y las vidas de quienes decidieron dejar de esconderse.
