Ante las elecciones generales del 29 de noviembre, la Coordinadora Estatal de VIH y sida plantea reforzar la prevención, facilitar el acceso a la PrEP, reconocer el envejecimiento prematuro de las personas con VIH y garantizar una atención sanitaria libre de estigma
La respuesta al VIH, la defensa de los derechos de las personas que viven con el virus y la lucha contra la discriminación vuelven a situarse en el centro del debate político. La Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida) ha trasladado a los partidos políticos de ámbito estatal un documento con once medidas prioritarias que reclama incorporar a sus programas electorales de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Bajo el título Acción Política y Social para la Garantía de Derechos, Salud Integral y No Discriminación, la organización plantea una hoja de ruta que abarca desde la prevención y la salud sexual hasta el envejecimiento, los derechos laborales, la atención psicológica y la financiación de las entidades comunitarias.
El documento, aprobado por la Comisión Permanente de Cesida, busca que las formaciones políticas asuman compromisos concretos para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH y del colectivo LGTBI+, además de garantizar una respuesta sanitaria y social adaptada a sus necesidades.
La coordinadora recuerda también que estas propuestas deben ir acompañadas de políticas migratorias centradas en las personas y en el respeto de los derechos humanos.
Envejecer con VIH: una realidad que necesita mayor reconocimiento
Uno de los principales ejes del documento es el reconocimiento de las necesidades de las personas que llevan décadas viviendo con el VIH, especialmente aquellas que presentan situaciones de envejecimiento prematuro.
Cesida reclama actualizar el baremo de discapacidad para que contemple adecuadamente las circunstancias de las personas mayores y de quienes mantienen una trayectoria prolongada con el virus.
La organización también solicita regular el acceso a la jubilación anticipada en los casos relacionados con el envejecimiento prematuro, así como garantizar el desarrollo reglamentario y la financiación de la Ley 4/2023, destinada a proteger los derechos de las personas trans y LGTBI+.
Con estas medidas, la coordinadora pretende avanzar hacia un modelo de atención que tenga en cuenta todas las etapas de la vida y no se limite exclusivamente al tratamiento médico de la infección.
PrEP, educación sexual y prevención: tres prioridades para la salud pública
La prevención ocupa otro lugar destacado entre las propuestas trasladadas a las formaciones políticas.
Cesida exige eliminar las listas de espera para acceder a la profilaxis preexposición (PrEP), una herramienta preventiva frente al VIH, y propone descentralizar su dispensación para facilitar el acceso desde Atención Primaria y las entidades sociales.
La organización considera igualmente necesario reforzar la educación para la salud desde las aulas. Para ello, plantea incorporar al currículo escolar una asignatura específica y evaluable de Educación para la Salud y Bienestar Integral.
Esta materia abordaría de manera científica cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva, la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, la salud mental, la alimentación, la actividad física y la prevención de las adicciones.
Entre las propuestas también figura garantizar la gratuidad de los preservativos para la población joven y desarrollar recursos sanitarios específicos con perspectiva de género para mujeres y personas trans que viven con el VIH.
Una respuesta integral al chemsex desde la salud pública
Otro de los asuntos que Cesida considera prioritarios es el abordaje del chemsex, una práctica que puede implicar riesgos específicos para la salud y que, según la entidad, requiere respuestas sanitarias alejadas de los prejuicios.
La coordinadora solicita incorporar su atención a la Estrategia Nacional sobre Adicciones y a los planes de salud mental, garantizando recursos económicos estables y una intervención especializada.
Asimismo, defiende el fortalecimiento de los programas comunitarios de apoyo entre iguales, conocidos como peer-to-peer, y la formación obligatoria de los servicios de urgencias desde una perspectiva de reducción de daños.
En este ámbito, Cesida insiste en que las políticas relacionadas con el consumo de sustancias deben construirse desde la salud pública y los derechos humanos, evitando la criminalización y la discriminación institucional de las personas usuarias de drogas.
Acabar con el estigma en el empleo, los servicios y la vida cotidiana
La discriminación asociada al VIH continúa siendo una de las principales preocupaciones de Cesida.
Por ello, la coordinadora reclama blindar el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH, reforzando los mecanismos destinados a prevenir situaciones de exclusión.
También solicita desarrollar la Ley de Igualdad de Trato para garantizar una protección efectiva frente a la discriminación vinculada al consumo de sustancias.
En el ámbito laboral, las propuestas persiguen eliminar las barreras que pueden encontrar las personas con VIH al acceder a un puesto de trabajo o desarrollar su trayectoria profesional.
La entidad reclama entornos laborales seguros, libres de estigma y de prácticas discriminatorias, así como acabar con los obstáculos relacionados con la contratación de seguros y el acceso a determinados servicios financieros.
Otra de sus demandas es impulsar un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio, acompañado de medidas legislativas y campañas institucionales permanentes que promuevan la inclusión y el respeto a la diversidad.
Una especialidad médica de Enfermedades Infecciosas y mayor participación de los pacientes
En el terreno sanitario, Cesida considera urgente crear en España la especialidad médica de Enfermedades Infecciosas mediante el sistema de formación MIR.
La medida pretende garantizar el relevo generacional de los profesionales, mejorar la calidad asistencial y optimizar la atención a las personas con VIH y otras enfermedades infecciosas.
La coordinadora también plantea avanzar en la aprobación de una Ley de Organizaciones de Pacientes, cuyo proyecto solicita presentar en el Congreso durante los primeros cien días de la próxima legislatura.
Según la propuesta, esta normativa debería contar con financiación propia y garantizar que las organizaciones estén dirigidas por las personas afectadas, reconociendo su capacidad real de participación y voto en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El objetivo es que quienes conviven con determinadas enfermedades tengan un papel efectivo en las decisiones que afectan a su atención y a sus derechos.
Salud mental y cuidados dignos durante todas las etapas de la vida
Cesida reclama igualmente integrar la atención psicológica especializada en el sistema sanitario público para las personas que reciben un diagnóstico reciente de VIH y aquellas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.
La coordinadora considera necesario que la asistencia sanitaria contemple tanto las necesidades físicas como las emocionales, especialmente en los procesos de envejecimiento y en los casos que requieren cuidados paliativos.
La propuesta persigue garantizar una atención integral, continuada y digna que permita acompañar a las personas con VIH a lo largo de toda su vida.
Las entidades comunitarias, una pieza esencial en la respuesta al VIH
La última de las once medidas se centra en la sostenibilidad del tercer sector y el reconocimiento del trabajo que desarrollan las organizaciones sociales.
Cesida reclama sustituir la dependencia de convocatorias de subvenciones competitivas por un modelo de financiación estructural y estable que garantice la continuidad de los programas de prevención, acompañamiento y atención comunitaria.
La organización defiende que estas entidades desempeñan una función fundamental en el acceso a los servicios sanitarios, el apoyo emocional, la educación sexual y la lucha contra la discriminación.
Con este paquete de propuestas, Cesida quiere situar la respuesta al VIH entre los compromisos de la próxima legislatura y conocer qué medidas están dispuestos a asumir los partidos políticos.
Para la coordinadora, las posiciones que adopten las formaciones ante estas once prioridades permitirán valorar su compromiso con la salud pública, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de las personas con VIH.
El mensaje que articula las reivindicaciones de Cesida es claro: avanzar en la respuesta al VIH no depende únicamente de los tratamientos médicos, sino también de garantizar derechos, combatir el estigma y asegurar que ninguna persona quede excluida de la atención sanitaria y social que necesita.
