La decisión del Supremo supone una victoria simbólica para el movimiento LGTBIQ+ en medio de un clima judicial cada vez más conservador
La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado este lunes revisar un recurso que pretendía poner fin al matrimonio entre personas del mismo sexo, un derecho reconocido a nivel federal desde 2015 mediante la histórica sentencia Obergefell v. Hodges.
El caso tiene su origen en la decisión de Kim Davis, una secretaria del condado de Rowan (Kentucky), que en 2015 se negó a emitir licencias de matrimonio a varias parejas del mismo sexo, alegando que hacerlo contravenía sus creencias religiosas. Entre los afectados estaban David Moore y David Ermold, quienes demandaron a Davis por discriminación.
Desde entonces, el caso ha pasado por distintas instancias judiciales, que han dado la razón de forma reiterada a las parejas demandantes. Davis fue condenada a indemnizar a Moore y Ermold con 300.000 dólares, y su equipo legal recurrió al Supremo con la esperanza de que el alto tribunal revisara el precedente de Obergefell y priorizara la libertad religiosa frente al derecho al matrimonio igualitario.
Sin embargo, el Supremo, mayormente conservador (6-3), ha decidido no admitir el recurso ni ofrecer argumentación jurídica al respecto, lo que implica que las decisiones de las cortes inferiores se mantienen y que el matrimonio igualitario continúa protegido por la Constitución.
De momento, esa amenaza parece alejarse. Además del precedente de 2015, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo está respaldado por la Ley de Respeto al Matrimonio, promulgada en 2022 por el presidente Joe Biden, que obliga al gobierno federal y a todos los estados a reconocer los matrimonios celebrados legalmente, tanto entre personas del mismo sexo como entre personas de distintas razas.
Aun así, el Supremo, el viernes pasado, decidió respaldar la decisión de la administración de Trump que prohibe a las personas trans poder elegir su género al renovarse o hacerse un nuevo pasaporte obligándoles, por tanto, a identificarse con el sexo biológico de su nacimiento. De haber admitido el caso Davis, esto hubiera supuesto un nuevo revés para los derechos de las personas LGTBIQ+ en Estados Unidos, que desde que el presidente Donald Trump regresó al poder, se han visto reducidos.
