La FELGTBI+ ha interpelado al Gobierno y al Defensor del Pueblo para exigir explicaciones por el bloqueo en la aplicación del artículo 50.1 de la Ley LGTBI+
En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se conmemora cada 18 de diciembre, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha solicitado formalmente la intervención del Defensor del Pueblo ante el incumplimiento sistemático del artículo 50.1 de la Ley LGTBI+, aprobada en 2023. Además, la Federación ha registrado dos preguntas parlamentarias con el objetivo de interpelar directamente al Ministerio del Interior y exigir responsabilidades políticas.
La legislación reconoce el derecho de las personas trans migrantes residentes en España a que su documentación de extranjería, como el NIE o la TIE, refleje su identidad de género. Sin embargo, y pese a que la propia ley establecía que los procedimientos reglamentarios debían estar operativos durante su primer año de vigencia, casi tres años después el Ministerio del Interior no ha habilitado los mecanismos necesarios para hacerlo efectivo.
Según denuncia la Federación Estatal LGTBI+, esta falta de desarrollo administrativo ha generado un bloqueo que vulnera los derechos de alrededor de 65.000 personas, que las deja en un limbo burocrático que afecta de forma directa a su vida cotidiana. La ausencia de documentación acorde a su identidad expone a estas personas a situaciones de discriminación en ámbitos como el empleo, la sanidad, la vivienda o el acceso a recursos básicos.
Ante este escenario, la presidenta de la Federación, Paula Iglesias, ha señalado que no se trata de un mero retraso administrativo, sino de “una vulneración continuada y prolongada de derechos humanos” que contradice tanto los principios constitucionales de igualdad y dignidad como los compromisos internacionales asumidos por el Estado español en materia de derechos LGTBI+.
Iglesias ha añadido que esta inacción institucional supone una forma de violencia que debe ser frenada de manera inmediata.
Por su parte, la vocal de delitos de odio de la Federación Estatal LGTBI+, Ángeles Blanco, también ha denunciado la situación del colectivo LGTBI+. “En la práctica, además, algunas administraciones están imponiendo un requisito contrario a la Ley: la obtención de la nacionalidad española. Esto vulnera directamente el artículo 50.1, que garantiza este derecho a todas las personas trans extranjeras que acrediten impedimentos legales o de hecho en su país de origen”, alerta.
Desde la Federación recuerdan que muchas de estas personas han huido de contextos de persecución, criminalización o violencia extrema, por lo que España debería garantizarles un entorno seguro. “No estamos hablando de un trámite administrativo, sino de dignidad, protección y derechos”, concluyen.
