La Federación Estatal LGTBI+ presenta el estudio «Corporalidades intersexuales: derechos reales», que denuncia intervenciones médicas no consentidas, patologización y vulneraciones de derechos desde la infancia. La organización reclama un protocolo sanitario que garantice la autonomía corporal y el consentimiento informado.
Con motivo del Día de la Visibilidad Intersex, la Federación Estatal LGTBI+ ha denunciado que el sistema sanitario constituye la principal fuente de violencia contra las personas intersex en España. Así lo recoge la investigación Corporalidades intersexuales: derechos reales, presentada este lunes y considerada por la organización como el primer estudio específico realizado en España sobre la situación de este colectivo.
El informe pone el foco en las prácticas médicas que, históricamente, han tratado las variaciones naturales de las características sexuales como anomalías que deben corregirse, en lugar de reconocerlas como parte de la diversidad corporal humana.
Durante la presentación, la presidenta de la Federación, Paula Iglesias, ha reclamado que el próximo Gobierno dé continuidad al trabajo desarrollado entre el activismo LGTBI+ y el Ministerio de Sanidad para elaborar un protocolo de atención sanitaria destinado a personas trans, no binarias e intersex.
Iglesias ha recordado que la Ley LGTBI+ de 2023 contempla obligaciones en materia de atención sanitaria y ha denunciado los retrasos en su desarrollo. La organización considera urgente garantizar una asistencia libre de discriminación y respetuosa con los derechos fundamentales.
La medicalización de la diversidad corporal desde la infancia
Una de las principales conclusiones del estudio es que las experiencias intersex han sido abordadas tradicionalmente desde una perspectiva médica patologizante.
La responsable de investigación, formación y calidad de la Federación, María Rodríguez, ha explicado que esta visión ha favorecido intervenciones destinadas a adaptar los cuerpos a los patrones tradicionales de masculino y femenino, incluso cuando no existe una necesidad clínica que las justifique.
Entre estas prácticas se encuentran las cirugías genitales de carácter estético realizadas sin consentimiento y determinados tratamientos hormonales durante la infancia.
La investigación, de carácter cualitativo, se ha elaborado a partir de una decena de entrevistas en profundidad con personas intersex de distintas generaciones y profesionales de ámbitos como la psicología, la educación y el derecho.
Sus resultados identifican al entorno médico e institucional como uno de los principales espacios donde se producen experiencias de patologización, vulneración de la autonomía corporal y daños físicos y psicológicos.
Rodríguez ha aclarado que la crítica no se dirige a las intervenciones necesarias para proteger la salud, sino a aquellas que buscan modificar características corporales únicamente porque no se ajustan al modelo sexual binario.
Cirugías no consentidas y consecuencias que perduran toda la vida
La representante de la Comisión del Año Temático de la Federación, Ariana A. Celorio, ha denunciado que muchas actuaciones médicas sobre personas intersex responden a expectativas sociales sobre cómo deben ser los cuerpos y su sexualidad, en lugar de priorizar el bienestar de quienes las reciben.
Según el informe, las intervenciones de normalización corporal pueden ocasionar consecuencias físicas duraderas, como dolor crónico, pérdida de sensibilidad sexual, infertilidad no elegida, incontinencia, cicatrices y necesidad de nuevas operaciones.
A estas secuelas se suman los efectos psicológicos de haber sido sometidas a procedimientos sin capacidad de decisión sobre su propio cuerpo.
Celorio ha advertido de que muchas personas intersex descubren años después que fueron intervenidas durante la infancia. La falta de información, el ocultamiento de diagnósticos y la presión para guardar silencio dificultan la comprensión de su propia historia médica.
La activista también ha denunciado las exploraciones innecesarias y la exposición de personas intersex como objetos de curiosidad clínica, prácticas que considera incompatibles con el respeto a la intimidad y la dignidad humana.
El silencio y la vergüenza también son formas de violencia
La investigación aborda igualmente las consecuencias emocionales y sociales de la discriminación.
La imposibilidad de hablar abiertamente sobre las propias características sexuales, el miedo al rechazo, la vergüenza aprendida o la ausencia de referentes pueden afectar profundamente a la autoestima, la identidad personal y las relaciones familiares y afectivas.
Paula Iglesias ha subrayado que la violencia no siempre se manifiesta mediante agresiones directas. También puede aparecer a través del silencio impuesto, la falta de información o la percepción de que determinadas corporalidades deben permanecer ocultas.
Desde esta perspectiva, la Federación insiste en que garantizar los derechos de las personas intersex implica transformar tanto las prácticas sanitarias como la mirada social hacia la diversidad corporal.
Más de la mitad de las personas intersex encuestadas no contó con consentimiento plenamente informado
Los datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) refuerzan la preocupación por las garantías de información y consentimiento en la atención sanitaria.
Según su informe Being intersex in the EU, basado en una encuesta europea:
- El 44 % de las personas intersex encuestadas o sus familias recibió información detallada antes del primer tratamiento médico destinado a modificar sus características sexuales.
- El 55 % no recibió esa información.
- El 57 % manifestó que ni ellas ni sus progenitores habían proporcionado un consentimiento plenamente informado antes de una intervención quirúrgica o tratamiento hormonal de estas características.
Estas cifras ponen de relieve las dificultades que afrontan muchas personas intersex para participar de forma libre e informada en las decisiones sobre sus propios cuerpos.
La Federación exige protocolos sanitarios y el cumplimiento de la Ley LGTBI+
Ante esta situación, la FELGTBI+ reclama medidas que garanticen una atención sanitaria basada en los derechos humanos y el respeto a la diversidad.
Entre sus principales reivindicaciones destacan:
- Eliminar las intervenciones quirúrgicas y hormonales innecesarias que se realizan sin consentimiento informado.
- Garantizar formación continua y especializada del personal sanitario sobre diversidad corporal e intersexualidades.
- Erradicar las exploraciones invasivas injustificadas y cualquier exposición clínica sin finalidad diagnóstica o terapéutica.
- Asegurar el acceso completo y transparente a la historia clínica.
- Proteger la intimidad, la confidencialidad y el derecho de cada persona a decidir sobre su cuerpo.
La Ley 4/2023 ya establece principios de no patologización, autonomía y consentimiento informado en la atención sanitaria a personas intersex. También prohíbe las modificaciones genitales en menores de doce años, salvo cuando sean necesarias para proteger su salud, e incorpora garantías específicas para las personas de entre doce y dieciséis años.
Sin embargo, la Federación considera imprescindible trasladar estos derechos a la práctica clínica mediante protocolos efectivos y profesionales adecuadamente formados.
En el marco de su año temático «Corporalidades intersexuales: derechos reales», la organización insiste en que la visibilidad debe ir acompañada de cambios concretos.
Su reivindicación central es que ninguna persona vuelva a sufrir intervenciones irreversibles e innecesarias por el simple hecho de tener un cuerpo que no responde a las expectativas sociales sobre el sexo.
El mensaje de este Día de la Visibilidad Intersex es claro: la diversidad corporal no debe ser motivo de patologización, y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo debe estar garantizado desde la infancia.
