Con una amplia mayoría de votos y el respaldo de más de un millar de organizaciones civiles, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha renovado por tres años el mandato del Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género, cargo que ocupa desde 2023 el sudafricano Graeme Reid.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha decidido, con 29 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, renovar el mandato del Experto Independiente sobre la protección frente a la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (OSIG), reafirmando así su compromiso con la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ a nivel global.
El académico sudafricano Graeme Reid, al frente de esta responsabilidad desde finales de 2023, continuará en el cargo durante tres años más. La renovación ha contado con el respaldo de 1259 organizaciones no gubernamentales de 157 países, lo que demuestra un apoyo global creciente frente a la ola de discursos de odio y ataques contra la diversidad sexual y de género.
Desde el Servicio Internacional de Derechos Humanos, Fabiana Leibl ha celebrado la continuidad del mandato como “una respuesta contundente” ante los intentos de socavar los derechos LGTBIQ+. “El Experto Independiente seguirá siendo un altavoz internacional y una herramienta de protección clave para nuestras comunidades”, ha destacado.
Por su parte, Elena Petrovska, de la Asociación por la Igualdad de Derechos LGBTI en los Balcanes Occidentales y Turquía, ha subrayado el valor del puesto como “escudo moral y político” ante los retrocesos en materia de derechos. “Sin esta figura, muchas luchas quedarían silenciadas e ignoradas”, ha afirmado.
El mandato del Experto Independiente, creado en 2016, tiene como función observar, documentar e informar sobre violaciones de derechos humanos motivadas por la orientación sexual o la identidad de género. Aunque no cuenta con potestad legal para imponer cambios, su peso político y su capacidad de generar presión internacional lo convierten en una figura clave dentro del sistema de derechos humanos de la ONU.
La decisión adoptada en Ginebra refuerza una vez más la legitimidad y necesidad de mantener un enfoque específico sobre los derechos LGTBIQ+, en un momento especialmente sensible por el aumento de la criminalización y la retórica discriminatoria en muchas partes del mundo.
