El Congreso aprueba la reforma del Código Penal que castigará las prácticas de conversión con penas de prisión de seis meses a dos años, antecedentes penales e inhabilitación profesional.
La Federación Estatal LGTBI+ ha celebrado la aprobación en el Congreso de la Ley Orgánica que modifica el Código Penal y tipifica como delito las llamadas pseudoterapias o prácticas de conversión, dirigidas a eliminar o modificar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género de una persona.
La reforma establece penas de prisión de seis meses a dos años, antecedentes penales e inhabilitación profesional para quienes promuevan o desarrollen estas prácticas. Hasta ahora, la Ley 4/2023 ya prohibía expresamente las terapias de conversión en España, pero su castigo se limitaba al ámbito administrativo.
Para la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, la nueva norma supone “un paso más en la protección de la dignidad y la integridad de las personas LGTBI+”. “Hoy sembramos una semilla de reparación para todas esas personas que han sido víctimas de la tortura que suponen las mal llamadas terapias de conversión”, ha señalado.
Iglesias ha subrayado que una sociedad democrática “no puede mirar hacia otro lado” ante prácticas que buscan “corregir” o “modificar” a las personas LGTBI+. En su opinión, la aprobación de esta reforma penal lanza un mensaje claro frente a quienes atacan la diversidad y los derechos humanos.
Las pseudoterapias de conversión son prácticas que intentan cambiar, reprimir o eliminar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. La Federación recuerda que la ONU las considera una forma de tortura y que organismos internacionales han alertado de sus graves consecuencias para la salud mental, entre ellas la depresión o el riesgo suicida.
FELGTBI+ también ha recordado que, junto a otras organizaciones internacionales, impulsó una Iniciativa Ciudadana Europea que reunió más de un millón de firmas para pedir a la Comisión Europea la prohibición de estas prácticas en todos los Estados miembros. Aunque la propuesta logró apoyos en once países, la Comisión Europea rechazó por ahora promover una ley vinculante y anunció únicamente una recomendación para 2027.
La Federación considera que la reforma del Código Penal era necesaria porque algunas organizaciones que impulsan estas prácticas cuentan con apoyo financiero de fundaciones privadas, redes internacionales integristas o estructuras eclesiales. Según Iglesias, con la nueva ley confían en que “ninguna forma de tortura disfrazada de terapia vuelva a quedar impune”.
La organización vincula además este avance legal con la necesidad de mantener la movilización social durante el Orgullo 2026. “Pese a los avances legales, estamos lejos de alcanzar la igualdad real”, ha advertido Iglesias, que denuncia que en solo dos años se han triplicado las agresiones contra el colectivo.
Por ello, FELGTBI+ llama a salir a las calles este Orgullo para seguir combatiendo la LGTBIfobia, los discursos de odio y todas las formas de violencia contra las personas LGTBI+. La entidad también reclama a la Unión Europea que escuche el respaldo ciudadano recogido por la Iniciativa Ciudadana Europea y avance hacia una legislación vinculante que prohíba las prácticas de conversión en todos los Estados miembros.
