Las personas LGTBI+ que ingresan menos de 1.000€ al mes sufren el doble de exposición al odio que aquellas con mayores recursos.
Las reivindicaciones del próximo 1 de mayo, Día de las Personas Trabajadoras, ponen este año el foco en la vulnerabilidad laboral del colectivo LGTBI+. El entorno de trabajo se ha convertido ya en el segundo escenario donde más discriminación sufren, una realidad que se agrava drásticamente con la precariedad. Según revela el informe ‘Estado del Odio 2026’, el acoso por LGTBIfobia afecta al 50% de las personas con menos ingresos, frente al 20% de aquellas con rentas más altas.
Según la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, «estar en situación de desempleo o tener bajos recursos económicos son factores que incrementan significativamente la posibilidad de ser víctima de odio LGTBIfóbico. Por eso, si las empresas implementan el Real Decreto destinado a garantizar la igualdad LGTBI+ en los espacios de trabajo, reducirán la LGTBIfobia que resta oportunidades de contratación y promoción al colectivo y protegeremos también a las personas LGTBI+ frente al odio».
La coordinadora del grupo Laboral de la Federación Estatal LGTBI+, Meritxell Salazar, explica que al ser actos de discriminación en ámbitos laborales, las barreras para denunciar y acceder a la protección son mayores debido a las relaciones de poder. Asimismo, advierte de que sufrir esta discriminación dispara los niveles de ansiedad y estrés, además de agravar los cuadros depresivos y el miedo entre las víctimas.
La gravedad de la situación queda reflejada en las cifras del informe. El ámbito laboral ha pasado de ser el sexto lugar donde más violencia sufría el colectivo, a ser el segundo escenario principal donde ocurren estos hechos de odio, concentrando el 13% de los casos y situándose solo por detrás de la vía pública.
Aún más preocupante es el tipo de violencia ejercida: el centro de trabajo es ya el lugar donde más agresiones sexuales con intimidación contra personas LGTBI+ se producen, alcanzando un 21%, frente al 15% que suceden en la calle. A esta realidad física se suma el entorno virtual, ya que una de cada diez personas LGTBI+ ha vivido experiencias de discriminación laboral vinculadas a plataformas digitales.
Debido a las estadísticas recientes, Salazar reclama la aplicación por parte de las empresas del Real Decreto para Igualdad LGTBI+ en los espacios de trabajo que, según recuerda, es de obligado cumplimiento para todas las compañías con plantillas superiores a 50 personas.
También añade que el Real Decreto impulsa protocolos de actuación ante el acoso LGTBIfóbico; canales de denuncia accesibles y confidenciales y medidas de protección frente a represalias, reduciendo la impunidad de las personas agresoras y garantiza un entorno seguro para que las víctimas denuncien sin temor a enfrentarse a un despido o a nuevas represalias.
Para revertir esta situación, Paula Iglesias ha lanzado un doble llamamiento. Por un lado, insta al tejido empresarial a cumplir la ley para transformar los lugares de trabajo en «espacios más seguros y respetuosos». «Además, estamos a disposición de todas las compañías que quieran implementar estas medidas y no sepan cómo hacerlo mediante nuestros programas EMIDIS y Yes we trans». Estas iniciativas con las que ya ayudan a más de 30 compañías al año a combatir la LGTBIfobia desde los propios procesos de selección.
Por otro lado, en el plano institucional, Iglesias reivindica la aprobación urgente de un Pacto de Estado contra los discursos de odio. Según advierte, este tipo de mensajes generan un clima de crispación que acaba por normalizar la violencia en las calles y en los entornos laborales. «Solo podremos frenar el odio a través de un consenso democrático porque están en juego las vidas de miles de personas, en especial, las de aquellas que tienen menos recursos para combatirlo», sentencia la presidenta.
