La Federación Estatal LGTBI+ ha mostrado su apoyo a la proposición de ley para prohibir penalmente las prácticas de conversión y ha celebrado que los partidos hayan alcanzado un consenso en torno al texto definitivo. La entidad ha solicitado a la Comisión de Igualdad que realice la votación cuanto antes para que el Congreso pueda proceder a su ratificación y se avance en la protección de las víctimas.
La Ley LGTBI+ de 2023 ya prohíbe administrativamente estas pseudoterapias, pero en junio de 2025 el Congreso admitió a trámite una proposición de ley para tipificarlas penalmente. En este sentido, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha destacado que esta modificación del Código Penal es “fundamental”, ya que muchas organizaciones que impulsan estas prácticas cuentan con apoyo financiero de fundaciones privadas, redes internacionales ultra o estructuras eclesiales.
Iglesias ha señalado que, actualmente, ejercer este tipo de prácticas solo se sanciona con multas, por lo que considera necesario modificar las penas para que impliquen cárcel, antecedentes penales e inhabilitación. La propuesta plantea introducir un nuevo artículo en el Código Penal, el 173 bis, para castigar con entre seis meses y dos años de prisión a quienes ejerzan métodos destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género.
La Federación recuerda que la ONU ha calificado estas prácticas como tortura, que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha solicitado su prohibición global y que la Asociación Mundial de Psiquiatría ha advertido de los graves daños que pueden provocar, como depresión severa o ideación suicida.
Según Iglesias, estas prácticas generan daños psicológicos incluso cuando existe consentimiento, ya que en ocasiones las víctimas acceden a ellas como consecuencia de la presión de la lgtbifobia social o de un entorno hostil. Por ello, ha defendido la necesidad de proteger también a quienes se someten a estas prácticas con el consentimiento de progenitores o tutores que les inducen a ello.
La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ también ha advertido de que el hecho de que ILGA haya situado a España como líder en el ranking de países más respetuosos con los derechos LGTBI+ no debe ser motivo para relajarse. “No se puede permitir que en el país más respetuoso con la diversidad LGTBI+ se siga torturando a personas del colectivo de manera impune”, ha defendido.
La entidad confía en que la aprobación definitiva se ratifique lo antes posible en el Congreso y que este avance pueda celebrarse durante el Orgullo. Además, recuerda que la Federación, junto a otras organizaciones internacionales de derechos humanos, recopiló más de un millón de firmas para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea con el objetivo de instar a la Comisión Europea a prohibir las prácticas de conversión en todos los Estados miembros.
Aunque la Comisión Europea se negó a crear una legislación vinculante y anunció que adoptará una recomendación oficial en 2027, Iglesias ha señalado que la iniciativa permitió conocer el apoyo de la ciudadanía europea y española a esta demanda. “Cuando hay apoyo ciudadano solo falta la voluntad política”, ha declarado la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.
